Las coaliciones de gobierno Ejecutivo-Legislativo estables y el blindaje legislativo son piezas clave del soporte al Ejecutivo que estuvieron ausentes desde el 2016, pero reaparecieron en el 2022 durante el gobierno de Dina Boluarte. El actual sistema político peruano demuestra un agrandamiento del Legislativo que es el resultado de varias reformas y contrarreformas legislativas y constitucionales, las cuales han concentrado mayor poder en el Congreso y, a su vez, restringido el control de otras instituciones. El Tribunal Constitucional jugó un papel central en este reordenamiento del poder. Para explicar estos cambios, argumentamos la relevancia de analizar las consecuencias políticas de tres shocks al sistema que acontecen en un tiempo relativamente corto – las investigaciones de corrupción de Lava Jato, la pandemia del Covid-19 y el golpe de Estado de Pedro Castillo. Estos shocks impactaron la clase política establecida permitiendo su renovación, reabrieron el clivaje entre Lima y el resto del país y allanaron la entrada de nuevos actores contrarios al establecimiento político y, por último, alteraron sustancialmente el comportamiento de los nuevos actores hacia un reordenamiento del poder. El Congreso actual es muy poco representativo y reproduce estrategias políticas que se asemejan a un “negocio de protección” intenta inhabilitar a posibles candidatos presidenciales de centro, elimina el control de otras instituciones, promulga leyes para proteger a sus miembros y obtiene los recursos del Estado para lograr estos cambios.